Ya somos más de seis millones

El blog de Santiago González

Gráf EM

(Tengo problemas con mi conexión a internet. Actualizaré el post en cuanto se resuelvan.)

Exactamente 6.207.200 parados contabiliza la Encuesta de Población Activa para el primer trimestre de 2013. Habíamos aprendido que una de las causas de la victoria del NSDAP en las elecciones alemanas de 1932 (y la toma del poder por Hitler en enero de 1933) fue que el paro había superado la cifra de seis millones, lo mismo que hoy España en términos absolutos. En términos relativos habría que considerar que Alemania tenía 65 millones de habitantes. España hoy, 46,8 millones.

La EPA del 4º trimestre de 2011, la herencia recibida en términos de paro, marcó 5.273.600 parados. España tiene hoy, en consecuencia, 933.000 parados más que el día en que Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno. Hoy habría más razones para que Rajoy  se presentara en una cola del INEM, como en…

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Una evaluación de las instituciones

Artículo del profesor Manuel Villoria en eldiario.es

Una evaluación de las instituciones españolas con vistas a la prevención y la lucha contra la corrupción

  • Las instituciones generadas durante la Transición dificultan el control y la accountability, son poco incentivadoras de la representatividad y favorecen la opacidad y, con ello, el abuso de poder y la corrupción
  • Las debilidades más notables de los partidos están en su falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión interna, su oligarquización, y su falta de compromiso suficiente con la lucha anticorrupción
  • Ha llegado el momento de dar un salto histórico y, basados en el aprendizaje sensato y razonable, mejorar las bases institucionales de nuestra democracia

Cuando España comienza su difícil y amenazada transición democrática, las personas con responsabilidad para diseñar el modelo institucional que habría de regir nuestro sistema político decidieron, probablemente de forma acertada para aquel momento, que las normas deberían incentivar la gobernabilidad y desincentivar la inestabilidad. El resultado ha sido bueno, en términos de prosperidad, convivencia y justicia. Pero ha llegado, muy posiblemente, a su punto de agotamiento. Las instituciones generadas dificultan el control y la accountability de forma excesiva, son poco incentivadoras de la representatividad y favorecen la opacidad y, con ello, el abuso de poder y la corrupción. Ha llegado el momento de dar un salto histórico y, basados en el aprendizaje sensato y razonable, mejorar las bases institucionales de nuestra democracia. 

La clave para la estabilidad y previsibilidad de un sistema político se entendió que pasaba por asegurar un bipartidismo. Para ello, una normativa electoral que tomara la provincia como circunscripción electoral, unida a la Ley D’Hont y un número de diputados no muy elevado, generaba incentivos para ello. Por otra parte, el control interno de los partidos y la gobernación interna de los mismos se aseguraba con un sistema de listas cerradas y bloqueadas. Con estos dos elementos ya se configuraban unas bases partidistas que permitirían disfrutar, si sus dirigentes actuaban sensatamente, de la estabilidad necesaria como para consolidar una democracia sólida y previsible. A partir de la victoria electoral, máxime si era por mayoría absoluta, el líder del partido ganador podría controlar el legislativo y el ejecutivo, pero, además, con los diseños correspondientes, podría controlar los órganos constitucionales y, algunos nombramientos clave del poder judicial. Todo ello aseguraba la gobernabilidad, es decir, la capacidad de seleccionar problemas sociales, buscar soluciones para ellos e implantarlas. Pero no incentivaba ni la representatividad democrática, ni la gobernanza en sentido moderno, hecha de implicación cívica y de sistemas de controles mucho más sofisticados. 

El marketing electoral ha ido convirtiendo la selección del Presidente del Gobierno en una pugna entre las dos personas que controlan los dos partidos mayoritarios, con lo que el electo puede sentirse como presidente directamente votado, aunque tenga que pasar por el trámite de la moción de investidura. El sistema, así pues, queda caracterizado por: Presidencialismo, ejecutivos de un solo partido, bipartidismo imperfecto, spoils system matizado en el nivel superior de la Administración, primacía del Ejecutivo sobre el Legislativo, capacidad por parte de los líderes de los dos partidos mayoritarios de decidir los nombramientos de los miembros superiores del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Banco Central, Organismos reguladores, Fiscalía General del Estado y de influir en el nombramiento de la cúpula judicial; todo ello, en su conjunto, hace que el país tenga gobernabilidad, pero que exprese una cierta debilidad en el sistema de representatividad y de check and balances. Es cierto que, al ser España un país fuertemente descentralizado, también existe un cierto contrapeso regional. No obstante, en las regiones controladas por los dos grandes partidos (la inmensa mayoría excepto dos o tres por legislatura), la disciplina de partido también opera cuando es preciso. 

Las consecuencias de todo este modelo para un sistema nacional de prevención de la corrupción (NIS) no son positivas. La independencia de las instituciones se halla siempre en peligro, pues la presión de los dos grandes partidos, sobre todo del que tiene el gobierno, sobre el legislativo, el judicial (en menor medida) y sobre todos los órganos constitucionales y regulatorios es muy fuerte cuando se tocan sus intereses más preciados. La transparencia, por su parte, queda como una referencia más simbólica que real, pues dificulta la acción de gobierno, entendido éste como poder y no como servicio. La rendición de cuentas dificulta los comportamientos estratégicos gubernamentales y su mejora es contraria a los intereses del partido en el gobierno que, nuevamente, ve en ello más un riesgo que una oportunidad. Finalmente, la integridad queda en el apartado de las declaraciones simbólicas y la real implantación de las normas choca con los intereses inmediatos del poder y sus redes. Ninguno de los dos grandes partidos, así pues, tiene interés en mejorar profundamente el estado de cosas; pues, aun cuando al ser oposición les interese cambiarlas, tan pronto llegan al poder olvidan sus promesas y el ahora partido de oposición tiene poca legitimidad para reclamar lo que él no ha hecho. El resultado global es un modelo que, aunque en términos legales pueda parecer adecuado, dadas las exigencias constitucionales, de la Unión Europea y del isomorfismo institucional (copiar las tendencias de los países líderes institucionalmente), en la práctica tiene una enorme cantidad de lagunas, sobre todo cuando las mayorías absolutas garantizan un control casi absoluto de los mecanismos institucionales.

En cuanto a los puntos fuertes y débiles de los distintos pilares procederemos a agrupar los resultados del análisis y a resaltar lo más destacable dadas las limitaciones de espacio existentes: 

Poder Legislativo
La rendición de cuentas es el principal problema del legislativo español, dado el sistema de listas cerradas y bloqueadas que favorece la lealtad al partido antes que al distrito electoral. En todo caso, la capacidad de controlar al ejecutivo, cuando no existe mayoría absoluta, sería su punto fuerte. También es cierto que el mecanismo de control interno existente, a través de la disciplina de los grupos parlamentarios, dificulta la corrupción. 

Poder Ejecutivo 

Tiene un problema importante de transparencia, esencialmente por la inexistencia de una Ley de Acceso a la Información y por la cultura de opacidad tradicionalmente existente. El Gobierno, sobre todo cuando tiene mayoría absoluta, gobierna con un control bastante efectivo del sistema interno. Otra cosa es el control de la realidad externa, que, como se ve con la crisis económica actual, hace al Gobierno depender enormemente de los mercados internacionales. 

Poder Judicial 

Tendría como punto fuerte la independencia, reconocida de forma expresa constitucionalmente y garantizada legalmente; en la práctica es también posible ejercer con plena independencia por parte de los jueces, aun cuando el órgano de control de los jueces está fuertemente politizado y los miembros de los Tribunales superiores se nombran con una relativa influencia política. Por ello, existe un cierto incentivo, para los jueces que quieran llegar a los puestos superiores del sistema, de subordinar su plena independencia a ciertos compromisos políticos. Los puntos débiles más importantes son, sobre todo, la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo, así como la débil rendición de cuentas existente en la práctica, no tanto en la norma. Los jueces actúan normalmente con ética, responsabilidad y rigor, pero la esporádica irresponsabilidad, corrupción e ineficiencia no son suficientemente sancionadas. 

Sector Público 

La independencia es el punto fuerte, que hay que entenderla como imparcialidad. La normativa de contratos es, en términos generales, adecuada aunque en su aplicación práctica se ha podido, en ocasiones, abusar de ciertas posibilidades que abre la ley, como los contratos de adjudicación directa o los “reformados” de obras. Los principales puntos débiles tienen que ver con la opacidad y la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas, sobre todo en la práctica. La ineficiencia, ineficacia, despilfarro y corruptelas no están suficientemente controladas, ni sancionadas. Es muy destacable la ausencia de preocupación por la educación de los funcionarios frente al problema de la corrupción. 

El Órgano de Gestión Electoral 

De los órganos de control, es el único en el que la mayor parte de sus miembros son seleccionados por sorteo (entre jueces y entre la ciudadanía), aunque los partidos también intervienen (en este caso controlándose mutuamente). Ello deja fuera a los dos grandes partidos de su control, con las ventajas que para la integridad se derivan de este hecho. Sería deseable que se introdujera un Código ético y se mejoraran las normas de conflictos de interés del órgano. 

El Defensor del Pueblo 

El Defensor del Pueblo es una institución que tiene garantizada suficiente independencia y la ejerce. Es cierto que tiene que mejorar su sistema de rendición de cuentas en la práctica, pues su nivel de gestión interna es poco transparente en cuanto a la eficiencia y eficacia de sus actividades; también requeriría de un código ético y normativa interna de integridad, aun cuando en la práctica nunca ha tenido problemas de corrupción interna. Por desgracia, es una institución que no ha sido suficientemente usada en la promoción de la integridad en el sector público, aun cuando realice, en general, una labor bastante aceptable. 

El Tribunal de Cuentas 

Es, no sólo el supremo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado y su gestión económica, sino que también es un órgano de enjuiciamiento de la responsabilidad contable y controla las finanzas de los partidos y los procesos electorales. En la práctica está influenciado por los dos grandes partidos, que no podían permitir que un órgano de esta importancia quedara fuera de su control. En general, es un órgano que tiene recursos suficientes y personal muy bien preparado, pero no es un órgano suficientemente eficaz en el control de la eficiencia y eficacia del sector público, dado que se limita a controles muy formales. También debería mejorar su normativa interna de integridad y la rendición de cuentas de su gestión interna. Su control a la financiación de los partidos es bastante formal, en gran medida porque la normativa existente, que se ha mejorado gracias a los propios informes del TdC, no le permite ir mucho más allá. Una mejora en este ámbito sería esencial para la lucha contra la corrupción. 

Los Partidos Políticos
Los partidos políticos, esencialmente los dos grandes partidos, de forma coherente con lo hasta ahora expuesto tienen como punto fuerte su independencia; de hecho, ellos mismos pueden definir los recursos públicos que para financiación se auto-asignan, lo cual genera inequidades evidentes. Sus debilidades más notables están en su falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión interna, su oligarquización y profesionalización y su falta de compromiso suficiente con la lucha anticorrupción (al menos los dos grandes nacionales y los tres grandes regionales –CiU, PNV, CC). Dado su papel esencial en el sistema democrático y, en especial, en España, podemos decir que la lucha contra la corrupción y a favor de la integridad se juega esencialmente en este ámbito. 

Los Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación han investigado y expuesto de forma bastante eficaz los casos de corrupción existentes en España. No obstante, en términos generales, tienen bastantes problemas de transparencia, rendición de cuentas e independencia en la práctica. El hecho de que no exista una institución independiente a nivel estatal que regule y permita exigir cuentas por las acciones de los medios de comunicación audiovisual, que cree estándares éticos o mecanismos de integridad y transparencia es clave para explicarse esta lamentable circunstancia. 

La Sociedad Civil 

La sociedad civil en España es débil, por lo que su capacidad de controlar al gobierno y de influir en las políticas públicas es reducido. No obstante, normativamente tiene independencia y capacidad de obtener recursos, aunque en la práctica depende aún demasiado de los poderes públicos. Ha mejorado mucho en sus niveles de transparencia, rendición de cuentas e integridad. 

El Sector Empresarial 

El sector empresarial español tiene una gran independencia en la defensa de sus intereses. Existe una gran diferencia por sectores y volumen de negocio. Está mejorando bastante en sus normas de gobernanza. Pero, con algunas excepciones, su compromiso social en la lucha contra la corrupción es aún bajo. 

Conclusiones y propuestas 

1. Promover un gran pacto nacional de lucha contra la corrupción entre gobierno, partidos, ONGs, sindicatos, asociaciones empresariales y medios de comunicación, que priorice la adecuada implantación de las normas existentes, y genere aquellas medidas que refuercen las sanciones, aseguren la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción y el control del gobierno, y coordine las actuaciones en la materia. Este pacto debería incluir un sistema de seguimiento de su cumplimiento efectivo. 

2. Mejorar la normativa de financiación de partidos políticos y asegurar un organismo supervisor independiente de los mismos. 

3. Modificar el sistema electoral (desbloqueamiento de las listas cerradas, la introducción de algunos distritos uninominales, medidas para mejorar la proporcionalidad, mejorar la información y formación de los electores en cuanto al funcionamiento del sistema). 

4. Impulsar la democracia interna en los partidos. 

5. Despolitizar los órganos superiores del poder judicial y el Tribunal Constitucional. 

6. Aprobar un Plan estratégico de Gobierno abierto, en el que se incluya la aprobación de la Ley de Acceso a la Información que garantice efectivamente la transparencia de nuestras instituciones públicas, además de otras medidas tendentes a mejorar la receptividad, la accesibilidad, la participación y la colaboración ciudadana en la gestión de los asuntos públicos. En el marco de la Ley de Acceso debería crearse un portal de transparencia pública y dar los pasos para configurar un gobierno abierto al estilo británico o estadounidense. 

7. Crear una Dirección Pública profesional y reducir significativamente la posibilidad de nombramientos y ceses discrecionales en la Administración Pública. 

8. Aprobar una Ley nacional de Control Externo, que garantice la coordinación entre el órgano nacional y los autonómicos, modernice el contenido de los informes y promueva la eficiencia y el cumplimiento de los plazos. 

9. Aprobar una Ley de Protección al denunciante de corrupción tanto en el ámbito público como en el sector empresarial. 

10. Regular la actividad de lobby, de acuerdo a las guías de la OCDE.
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FUNCIONES PÚBLICAS NECESARIAS, Y RESERVADAS A LOS FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL, EN LAS ENTIDADES LOCALES MENORES DE CASTILLA Y LEÓN.


PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS NECESARIAS, Y RESERVADAS A LOS FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL, EN LAS ENTIDADES LOCALES MENORES DE CASTILLA Y LEÓN.
 El Estado ha establecido las bases del régimen jurídico aplicable a la Administración Local, mediante la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, que se complementan con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, cuya Disposición adicional segunda determina la necesidad de que todas las entidades locales, sin excepción, estando entre ellas las actuales entidades locales menores, cumplan con las funciones públicas necesarias y reservadas, como garantía de su correcto, legal y uniforme funcionamiento. 

 Por ello, el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a Funcionarios con Habilitación de carácter Nacional, de carácter básico, concretó en el artículo 8 la forma del desarrollo de tales funciones en las entidades locales menores, indicando que sería la establecida por la normativa específica autonómica correspondiente, fijando una serie de reglas, en su defecto y con carácter supletorio. 

 En nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, siendo respetuosa con la tradición municipal castellano y leonesa, reguló en su título VII las entidades locales menores. Esta regulación abierta y flexible pretende reconocerlas como instrumento que posibilite el acercamiento de la Administración a sus vecinos, y la participación de éstos en las decisiones que les interesan más directamente. 

 Haciendo uso de la habilitación normativa estatal, la Disposición adicional sexta de la Ley autonómica concreta los órganos competentes para el desempeño de las funciones necesarias y reservadas en las entidades locales menores, indicando que le corresponderá al secretario del ayuntamiento del municipio a que pertenezcan o al servicio que con tal fin tenga establecido cada Diputación Provincial. Así mismo, señala que mediante desarrollo reglamentario, si fuera necesario, se pormenorizarán los criterios para el reparto del desempeño de dichas funciones entre los citados órganos. 

 Siendo conscientes de que en nuestra Comunidad Autónoma existen municipios con un gran número de entidades locales menores dependientes de ellos, lo que dificulta la prestación de las funciones necesarias y reservadas por parte del órgano al que le corresponden, así como que en el momento presente se han intensificado las necesidades y exigencias derivadas del control de la gestión económico financiera de las Administraciones públicas en general, y de la Administración local en particular, como consecuencia del principio constitucional de estabilidad presupuestaria, el presente decreto pormenoriza los criterios para el reparto del desempeño de dichas funciones entre los citados órganos, diferenciando aquellas más cercanas y que requieren una intervención directa, que se encomiendan al funcionario habilitado, de aquellas que por su naturaleza pueden ser atendidas de forma distante, que se encomiendan a la colaboración de los órganos de las Diputaciones Provinciales y del Consejo Comarcal de El Bierzo, lo que permite intensificar su correcta prestación en todas las entidades locales menores de Castilla y León. 

 Por ello la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de la Presidencia, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León. 

 DISPONGO 

 Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación. Este decreto tiene por objeto determinar, en desarrollo de la Disposición adicional sexta de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, los términos para el desempeño de las funciones públicas necesarias, y reservadas a los funcionarios con habilitación de carácter estatal, en las entidades locales menores de Castilla y León. 

 Artículo 2.- Competencias y funciones. 
 1. Corresponde a quien ocupe el puesto de funcionario con habilitación de carácter estatal el desempeño de las funciones públicas necesarias y reservadas del municipio o municipios agrupados y el de todas sus entidades locales menores. 
 2.No obstante, en el ámbito de la competencia de asistencia técnica y jurídica a los entes locales de las Diputaciones Provinciales y del Consejo Comarcal de El Bierzo, y de acuerdo con el artículo 26.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, éstas cooperarán en el desarrollo de dichas funciones en la forma establecida en este decreto, sin que por ello se vea alterada la naturaleza y descripción de los correspondientes puestos de los municipios reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal. Artículo 
 3.- Formas de desempeño de las competencias y funciones. El desempeño de las funciones públicas necesarias, y reservadas a los funcionarios con habilitación de carácter estatal, en las entidades locales menores de Castilla y León, podrá realizarse, en los términos previstos en este decreto, mediante: Ejercicio por el funcionario o funcionarios que las tienen atribuidas en el municipio o municipios agrupados. Convenio interadministrativo local. Distribución de funciones entre los órganos con competencias. 

 Artículo 4.- Ejercicio por el funcionario o funcionarios que las tienen atribuidas en el municipio o municipios agrupados. 
 1.Los funcionarios con habilitación de carácter estatal que tengan atribuidas las funciones públicas necesarias y reservadas del municipio o municipios agrupados podrán solicitar su desempeño en todas las entidades locales menores dependientes de éstos, debiendo ejercer, por tanto, las funciones de secretaría, control y fiscalización interna de la gestión económico y presupuestaria, contabilidad, tesorería y recaudación, así como el cumplimiento de las obligaciones de información, derivadas de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera . 
2. Tal solicitud se podrá presentar en el plazo de un mes desde la toma su posesión, mediante escrito dirigido al Alcalde Presidente del municipio o agrupación de municipios, que la aceptará, dando cuenta de ello a las entidades locales menores, a la Consejería competente en materia de Administración Local y a la correspondiente Diputación Provincial o Consejo Comarcal de El Bierzo. La solicitud comportará la obligación de realizar tales funciones en las entidades locales menores durante todo el tiempo que ocupe el puesto con habilitación de carácter estatal del municipio o municipios agrupados. 
3. Esta solicitud sólo se podrá formular respecto al puesto principal, excluyéndose aquellos que se pudieran desempeñar por acumulación. 
4. El desempeño de la totalidad de las funciones reservadas en todas las entidades locales menores será retribuido por el municipio o municipios agrupados a través del complemento de productividad, y financiado previo convenio suscrito a tal fin con las entidades locales menores beneficiarias, en el que se ponderará su número, presupuesto y población. 

Artículo 5.- Convenio interadministrativo local. 
 1. En atención al principio de autonomía local, y considerando la extensión y variedad del territorio de cada provincia de la Comunidad de Castilla y León, las Corporaciones Locales implicadas podrán acordar voluntariamente que el desempeño de las funciones públicas necesarias y reservadas en las entidades locales menores se ejerciten en los términos que se pacten en un convenio interadministrativo entre la Diputación Provincial correspondiente o el Consejo Comarcal de El Bierzo y cada Ayuntamiento y todas las entidades locales menores afectadas, previa conformidad manifestada por escrito de quien ocupe el puesto de funcionario o funcionarios con habilitación de carácter estatal.  
2. Las Diputaciones Provinciales o el Consejo Comarcal de El Bierzo, en el plazo de un mes desde la firma de los convenios, deberán remitir una copia a la Consejería competente en materia de Administración Local.  

Artículo 6.- Distribución de funciones entre los órganos con competencias. 
 1.- A falta de la solicitud o convenio al que se refieren los artículos anteriores, las funciones públicas necesarias y reservadas en las entidades locales menores de un municipio o agrupación de municipios se desempeñarán con arreglo a las siguientes reglas: Corresponderá a quién ocupe el puesto con habilitación de carácter estatal de cada municipio o agrupación de municipios, el desempeño en todas las entidades locales menores dependientes estos, de las funciones de fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal, así como las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y las de tesorería, en los términos detallados en los artículos 4 y 5 de dicho Real Decreto. Corresponderá al servicio de asistencia a municipios de las Diputaciones Provinciales y del Consejo Comarcal de El Bierzo el desempeño en todas las entidades locales menores de la provincia de las funciones de contabilidad y recaudación, así como las de gestión del patrimonio, con excepción respecto estas últimas de las atribuidas al funcionario con habilitación de carácter estatal del municipio o municipios agrupados referidas al control y la fiscalización de la gestión económico-financiera, conforme lo dispuesto en los artículos 4 y 6 del Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre. De igual forma, corresponderá al servicio de asistencia a municipios de las Diputaciones Provinciales y del Consejo Comarcal de el Bierzo el desempeño en todas las entidades locales menores de la provincia del cumplimiento de las obligaciones de información, derivadas de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 2.- En virtud del artículo 132 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las Diputaciones Provinciales podrán acordar el pago por las entidades locales menores de las correspondientes tasas administrativas por los servicios recibidos, en los términos que disponga un Reglamento previamente aprobado. 

 Disposición adicional primera.- Funciones de apoyo. 
 1.- Para el ejercicio de las funciones necesarias y reservadas previstas en este decreto, los órganos competentes para la tramitación de los expedientes, conforme con la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán contar con la colaboración de otro personal de las respectivas entidades locales, para efectuar propuestas de actas, de informes, de diligencias, de resolución y, en general, de cualquier acto administrativo que sean preciso. 
 2.- Del mismo modo, en el ejercicio de las funciones necesarias y reservadas, estos órganos podrán contar con la asistencia técnica o material que sea necesaria, conforme al Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las previsiones que al respecto pueda preverse en un convenio a suscribir con las entidades locales menores. 

 Disposición adicional segunda.- Otras funciones del Servicio de asistencia y asesoramiento a los municipios de las Diputaciones Provinciales y del Consejo Comarcal de El Bierzo. 
 1.- La cooperación y asistencia técnica y jurídica prevista en este decreto por el servicio de asistencia a municipios de las Diputaciones Provinciales y del Consejo Comarcal de El Bierzo, no excluye aquella que proceda en los supuestos de ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria de la persona que ocupe el puesto del municipio de funcionario con habilitación de carácter estatal, mediante la comisión circunstancial prevista en el artículo 36 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a Funcionarios con Habilitación de carácter Nacional, o norma que le sustituya. 
 2.-Sin perjuicio de lo previsto en este decreto, cualquier entidad local menor a la que durante la tramitación del concreto expediente de elaboración de sus presupuestos, se le plantee alguna duda jurídica, podrá solicitar el asesoramiento para solventarla, dirigiéndose, a su elección, al funcionario con habilitación de carácter estatal que desempeñe las funciones públicas necesarias y reservadas del municipio o municipios agrupados en que radique la entidad local menor o al correspondiente servicio de asistencia a municipios de las Diputaciones Provinciales y del Consejo Comarcal de El Bierzo, según corresponda, de acuerdo con el artículo 70.2 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León. 

 Disposición final primera. Plazo inicial de solicitud. El funcionario con habilitación de carácter estatal que tenga atribuidas las funciones públicas necesarias y reservadas del municipio o municipios agrupados a la fecha entrada en vigor de este decreto podrá efectuar la solicitud prevista en el artículo 4.1 en el plazo de un mes desde dicha fecha. Disposición final segunda. Entrada en vigor. Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
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SOBRE EL ÚLTIMO BORRADOR

Os informamos  de las últimas novedades habidas en relación con el ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL en donde se modifican ciertos aspectos relativos al borrador inicial (ya va el ministerio de economía por el quinto borrador que es de fecha 18/02/2013) del cual ya os informamos y en donde se  reflejan una serie de modificaciones que os pasamos a detallar:


a)- Artículo primero. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora delas Bases del Régimen Local.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, queda modificada como sigue:


Uno. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:
“1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.”


Dos. El apartado 2 del artículo 3 queda redactado del siguiente modo:


“2. Gozan, asimismo, de la condición de entidades locales:


a. Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía.
b. Las Áreas Metropolitanas.
  c. Las Mancomunidades de Municipios.”


b)- Siete. El artículo 26 queda redactado como sigue:
2. Por Real Decreto se establecerán el coste estándar de los servicios previstos en este precepto, determinando la periodicidad y procedimiento de evaluación de los mismos. En el mismo Real Decreto se establecerán las condiciones en que los Municipios deben publicitar el coste y la eficiencia de estos mismos servicios.
3. En los Municipios con población inferior a 20.000 habitantes, las Diputaciones, o los Cabildos o Consejos Insulares en su caso, asumirán el ejercicio de las competencias para la prestación común y obligatoria, a nivel provincial o infraprovincial, de los servicios previstos en este precepto, cuando la prestación en el ámbito municipal, ya sea en razón de la naturaleza del servicio, la población, o la sostenibilidad financiera, no cumpla con el coste estándar de los servicios a que se refiere el apartado anterior, o sea ineficiente en atención a las economías de escala.
En el plazo de un mes desde la comunicación a la Diputación provincial u órgano equivalente del resultado negativo de la evaluación de los servicios, y previo informe de la Comunidad Autónoma, se adoptará por mayoría simple de los diputados o equivalentes el acuerdo de asunción de las competencias de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior. Transcurrido este plazo sin haberse adoptado el acuerdo se entenderá aprobado.


c)- Trece. Se modifica el artículo 45, que queda redactado como sigue:
1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes.
2. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso.
3. Sólo podrán crearse este tipo de entidades si resulta una opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población separados de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”
d)- Disposición adicional séptima. Evaluación de los servicios prestados por mancomunidades y entidades de ámbito territorial inferior al Municipio.
1. Cuando de la evaluación de los servicios prestados por una mancomunidad resulte la inadecuación de su prestación en el ámbito de la mancomunidad, corresponderá a las Diputaciones, Cabildos o Consejos Insulares la prestación de los referidos servicios y la mancomunidad quedará disuelta.
2. Cuando de la evaluación de los servicios prestados por las entidades de ámbito territorial inferior al municipio resulte la inadecuación de la prestación del servicio en su ámbito, corresponderá al municipio la prestación del mismo y la entidad de ámbito territorial inferior al municipio quedará disuelta.
e)- Disposición transitoria tercera. Disolución de entidades de ámbito territorial inferior al Municipio.
1. Las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio existentes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su personalidad jurídica.
2. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio deberán presentar sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva para no incurrir en causa de disolución. Presentadas sus cuentas se procederá a la evaluación inmediata de los servicios prestados por estas entidades.
3. La no presentación de cuentas por las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva será causa de disolución. La disolución será acordada por Decreto del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva en el que se podrá determinar su mantenimiento como forma de organización desconcentrada.
La disolución en todo caso conllevará:
a. Que el personal que estuviera al servicio de la entidad disuelta quedará incorporado en el Ayuntamiento en cuyo ámbito territorial esté integrada.
b. Que el Ayuntamiento del que dependa la entidad de ámbito territorial inferior al municipio queda subrogado en todos sus derechos y obligaciones.
f)- Disposición transitoria quinta. Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio en constitución.
El núcleo de población que antes del 1 de enero de 2013 hubiera iniciado el procedimiento para su constitución como entidad de ámbito territorial inferior al Municipio, una vez que se constituya, lo hará con personalidad jurídica propia y se regirá por lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 7/ 1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica correspondiente.

ANALISIS DEL ULTIMO BORRADOR 

  1. Excluyen a las ELM así como al resto de entidades locales recogidas en el art 3, apartado 2, en la inclusión del apartado uno de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en donde se menciona “el derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses……”, dejando al margen a unas entidades que se supone que también son “locales”.
  2. Quitan del art 3.2  de la LRBRL a las Entidades de ámbito territorial inferior al municipio, las cuales  no gozarían de la condición de entidad local a partir de ahora, preguntándonos que seremos a partir de este momento, ya que no refiere nada la modificación que se plantea.
  3. He recogido lo que dice el art 26 relativo a la fijación por Real Decreto del coste estándar de los servicios que sean prestados por los municipios, ya que será de aplicación a la evaluación a la que someterán a las ELM y que será la base para disolverlas en el caso de que  la misma sea negativa.
  4. Modifican el art 45 añadiendo “forma de organización desconcentrada”  a la regulación que hagan las CCAA de las ELM.
  5. Se modifica la disposición adicional séptima, ya que en el caso de que la evaluación que se realice de la prestación de los servicios que hagan las ELM, sea  “inadecuada”, se procederá a su disolución, lo cual además de ser un claro agravio en relación a la evaluación del resto de entidades locales, puede ser un arma para quitar de en medio a la mayor parte de ELM,  ya que no se sabe cómo y con qué criterios se va a realizar.
  6. Se modifica la disposición transitoria tercera, ya que se fija un plazo de tres meses para presentar las cuentas y las ELM que no lo hagan podrán ser disueltas (algo que no se va a hacer con Ayuntamientos, Diputaciones, CC.AA etc), añadiendo (y esto ya es el colmo), que las que las presenten serán evaluados sus servicios de forma “inmediata”, lo cual denota una clara intencionalidad por fiscalizar en exceso a las ELM sobre el resto de entidades cuando en ninguno de los casos somos causantes del déficit que presenta la Administración Local.
  7. Se fija por último, la fecha de 1/01/2013 en la que un núcleo de población ha podido iniciar el proceso de constitución para ser una EATIM, lo podrá ser teniendo personalidad jurídica
  8. Como conclusión final, deciros que después de analizar este último borrador, queda claro que el gobierno no tiene la mínima intención de ponernos las cosas fáciles ya que se nos va a exigir una gestión “impecable” que a ninguna otra administración se le va a pedir,  y con una prestación de servicios que tendrá que ser modélica ya que en el momento que se vea que no se hacen las cosas bien, nos fulminarán por la vía de hecho.

JUAN CARLOS DÍAZ  (Presidente FIELM)


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En Radio Tres Mares

En Radio Tres Mares de Reinosa Mon entrevista a la directiva de FIELM Federación Independiente de Entidades Locales de Ambito Territorial Inferior al Municipio (5 de marzo de 2013)

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Una reforma alicorta

COMENTAR un anteproyecto de ley es arriesgado al estar todavía falto de la maduración que ha de prestarle la opinión de órganos como el Consejo de Estado o, en este caso, la Comisión Nacional de Administración local. Pero el jurista debe estar expuesto a peligros que son los que nosotros asumimos adelantando nuestras opiniones. Si sirven además para desterrar errores o introducir alguna mejora, miel sobre hojuelas. Digamos de entrada que no nos gusta nada el título, entre pedante y tecnocrático, que el Gobierno ha puesto a su texto. Desde las discusiones sobre la Administración local que protagonizó Antonio Maura a principios del siglo XX hasta las recientes del actual sistema democrático pasando por las vividas en las dos Dictaduras o en la II República, la regulación de los entes locales se ha llamado «régimen local» o «derecho de las Administraciones locales». Ahora se recurre a unos conceptos como los de «sostenibilidad» y «racionalización» que de puro manoseo se han quedado en los huesos y carecen de sabor y de olor. Solo falta añadir la «excelencia» o la «competitividad» para completar el bodrio.
Ahora bien, el peor celofán puede acoger productos apreciables y este es el caso del Anteproyecto. Así, se aborda en parte el problema de la función pública local pues parece que el legislador por fin se ha enterado de algo que los especialistas llevamos años denunciando: su degradación a base de trufarla con interinos, eventuales, amiguetes entrañables y familiares menesterosos. Ahora se rescata lo que de bueno tuvo la ley de 1985, es decir, el funcionario con habilitación de carácter nacional. Lástima que se le echara a perder con invenciones de innegable tufo caciquil: desorden en las convocatorias de plazas, excesiva descentralización en las pruebas, contenidos locales de los programas … Y sobre todo, la máxima degeneración aportada por la «libre designación», un truco que puso en manos de muchos alcaldes y presidentes de Diputación a secretarios, interventores y tesoreros, eliminando la neutralidad en el ejercicio de su profesión. Los casos de represalias a estos funcionarios, cuando se han mostrado poco complacientes, podrían formar un lastimoso retablo de la picaresca de los últimos años. Pero el contento al anotar estas virtudes positivas del nuevo texto se oscurece cuando se advierte que la fementida «libre designación» se mantiene aunque «excepcionalmente» como de igual modo se conserva la previsión referida a los nombramientos de carácter provisional, interino o accidental que puede realizar la comunidad autónoma. 
Para cualquiera que conozca el paño el asunto es muy clarito: todo lo que no sean pruebas públicas, tribunal profesionalmente competente para examinar (nada de compañeretes del sindicato), puestos de trabajo atribuidos por riguroso sistema de concurso, y sistema retributivo reglado es abrir la puerta al clientelismo, una puerta que ya se encargan los responsables públicos de convertir en anchuroso portalón. Tales principios, por cierto, procede aplicarlos pari passu al personal propio de las entidades locales. 
Las limitaciones al gasto en las retribuciones del personal político es otro acierto del texto. Con todo, veremos qué efectos tiene en el sistema democrático la supresión de sueldos a concejales porque se puede estar destruyendo la leva de políticos nuevos que han de empezar justamente en puestos modestos de sus ayuntamientos para ir adquiriendo experiencia en la gestión de los asuntos de interés general. Es esta la mejor forma de evitar que una persona acabe sentada en el Consejo de Ministros sin haber visto nunca las tripas a un presupuesto público. 
Las cuestiones que más han aireado los medios de comunicación son, de un lado, las duplicidades y, de otro, la supresión de ayuntamientos y diputaciones. Respecto al primer punto hay que decir que la atribución de competencias a los entes locales es compleja en un Estado descentralizado y no se puede resolver en un par de artículos de una ley local porque los municipios -como las provincias e islas- asumirán aquellas competencias que les sean atribuidas por la legislación sectorial procedente de las comunidades autónomas o del Estado (urbanismo, medio ambiente, abastecimiento de aguas, etc.) de acuerdo con la distribución competencial establecida en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El texto aquí analizado avanza en la buena dirección al suprimir, por ejemplo, las competencias «impropias» pero pensar que de un plumazo se van a extinguir todas las duplicidades imaginables es pensar en lo excusado. Por lo que se refiere a la supresión generalizada de términos municipales, el texto del Gobierno calla. Un silencio que a nosotros nos parece acertado porque esta es una cuestión atribuida o bien de manera voluntaria a los propios Ayuntamientos a través de los acuerdos de fusión, agregación etc o bien a las leyes de las Comunidades autónomas. Esto no es extraño en un Estado como el nuestro y, a tal efecto, recordemos que fueron los länder alemanes los que impulsaron toda la reforma territorial de aquel país. 
¿QUID de las Diputaciones? Puestas en el punto de mira de unos y de otros, es evidente que no son por su naturaleza inalterables. Pero sorprende que, a la hora de sostener el discurso de las duplicidades, nadie recuerde las que propicia la Administración periférica de las comunidades autónomas que bien podría reducirse si se utilizara a las diputaciones provinciales como administración indirecta de las comunidades autónomas, tal como propuso en su día el Dictamen de la Comisión García de Enterría. 
De otro lado, el relevante problema de la prestación, en determinados casos, de los servicios públicos locales se resuelve de una forma discutible pues no se confía en las mancomunidades ya existentes sino que la responsabilidad se traslada a las Diputaciones. Es decir, que unas Administraciones geográficamente más distantes y sin la adecuada representación democrática de los Ayuntamientos de menor población, serán las que gestionen servicios esenciales para esos vecinos. Entre todas las opciones organizativas posibles, se ha optado por la menos democrática y la que podrá generar más problemas. 
Un juicio igualmente negativo merece la degradación que sufren las entidades locales de ámbito inferior al municipal al ser desposeídas de su carácter de Administraciones y decapitada su personalidad jurídica. Se trata de un asunto muy sensible en algunas regiones españolas que no se puede resolver desde una óptica madrileña y uniforme. Tales entidades administran bienes importantes (pastos, montes, maderas, etc.) y son un factor de asentamiento de las poblaciones. Suprimir su capacidad de actuar como personas jurídicas es acabar con ellas proporcionándoles el beso traidor del ocaso. Fuera de la mirada del legislador han quedado aspectos trascendentales de nuestra vida local que una vez más se desatienden: así, la financiación que clama por un nuevo diseño, agotados como están sus recursos y el modelo que los sustenta. Sin atender a los dineros públicos no se puede pensar ni en unas Administraciones serias ni en unos servicios públicos adecuados. 
Y, por último, sorprende que de nuevo quede en el aire la renovación de la legislación electoral y en el limbo la introducción de las «segundas vueltas» a la hora de la elección de los alcaldes, lo que devolvería la voz a los ciudadanos y evitaría las componendas espurias entre los partidos. Sin duda el Gobierno ha oído campanas pero no acierta a echarlas al vuelo. Porque estamos ante una reforma de campanario. 
Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes son catedráticos de Derecho Administrativo y especialistas en Derecho local.
FUENTE: elmundo.es  

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Propuestas

BORRADOR DE PROPUESTAS DE MEJORA EN MATERIA DE ENTIDADES LOCALES DE AMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO, EN ADELANTE ENTIDADES LOCALES AUTONOMAS (ELA) PARA LA “FUTURA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. TOMANDO COMO BASE LA VERSION DE FECHA 18-2-2013 DEL SUSODICHO ANTEPROYECTO DE LEY”


Introducción:

Visto la línea de los CINCO últimos borradores, de los anteproyectos de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, desde, 22-12-2012 hasta el 18-2-2013, puestos en circulación por el Gobierno de España, debemos hacer la siguientes  propuestas de enmienda a dicho borrador, en este caso sobre el más reciente, de fecha 18-2-2013, ya sea la versión que sea pero que no se aparte de las siguientes medidas en su articulado, que nos parecen desde esta FEDERACIÓN una vez más un gravísimo error, a nuestro juicio fruto del desconocimiento que se tiene del mundo local, y dentro de este de las ENTIDADES LOCALES DE AMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO.

Examinado el texto no aparece por ningún lado, al menos aunque sea de forma sucinta, las competencias y recursos de las Entidades Locales de ámbito Territorial inferior al Municipio, que según el art 3, de la Ley 7/85 RBRL, gozan de la condición de Entidades Locales. Tampoco se hace referencia alguna al personal funcionario habilitado de administración local que debe prestar servicios en estas ELAS.

Pero curiosamente si aparecemos siempre en negativo, para quitarnos la condición de Entidad Local, disolvernos casi de inmediato si no se presentan las cuentas, o los servicios evaluados son inadecuados, y además el salario se nos quita, para convertir a los representantes de estas Entidades, en trabajadores en precario, o incluso en casi exclavos al servicio de la administración, salvo que seamos ricos o nos haya tocado la lotería Nacional. Y no sirve el argumento fácil de que nadie está obligado a ser Alcalde o cargo público, pues también esto vale para los Ministros y todos cobran, así como el resto de cargos Públicos.

Además según la Constitución todos somos electores y elegibles, de esta forma quizás en los Pueblos pequeños, este derecho Constitucional sea restringido solo a los que tengan mucho dinero, el resto de la población por la vía de hecho no puede ser candidato y dedicarse por entero a su pueblo que para eso se vota.

Siempre pensamos que las Leyes, se hacen por personas, para mejorar la sociedad y evitar el sufrimiento de la gente, pero no al contrario, como al menos ocurre con lo que se prevé en este anteproyecto en lo relacionado con las Elas. Aunque si debemos decir que todo lo referente con limitar salarios y número de asesores es acertado en el texto. Así como aclarar las competencias y que las impropias sean eliminadas del ámbito local y se residencien en el suyo propio también es una buena solución.

Pues creemos que aunque las CCAA, tengan la competencia para el desarrollo del régimen local, al menos las atribuciones básicas al igual que para los Municipios, también para las ELAS  deben plasmarse en la Ley de Bases dado que se determinaría el marco general, para que asi exista una coherencia en todo el Estado en cuanto a la organización, funcionamiento y paquete básico competencial de las ELAS. 

De lo contrario puede ocurrir como ahora, que existen CCAA, que han legislado antes, y de forma mas extensa en esta materia y otras que no, y sobre todo el tema de la Financiación es desigual, injusto, incoherente y con muchas lagunas. Que en los más de 30 años de Estado de las Autonomías, no se ha avanzado casi nada en este terreno. Por ello el Estado en su  potestad de remover los obstáculos para que el derecho de igualdad que proclama nuestra carta magna, sea una realidad latente y patente, debe legislar y al menos de forma muy básica establecer el marco, sin menoscabo que luego las CCAA, dentro del margen competencial propio desarrollen si cabe, aquello que mejor le parezca.

Todo ello en aras de evitar asi la triste realidad de las ELAS, que en unas CCAA, están mas desarrolladas sus competencias y recursos y en otras a escasos kilómetros, están muy mal, con lo que ello conlleva de desigualdad entre los ciudadanos/as.


Por tanto ante ello proponemos que se introduzca en la susodicha “Ley”  en los artículos cuyo encaje sea el mas adecuado, las siguientes enmiendas que pueden ser de adición, sustitución o supresión:


A).-LA DENOMINACIÓN PARA REFERIRSE A LAS EATIM, DEBE SUSTITUIRSE POR: ENTIDAD LOCAL AUTONOMA (ELA) La denominación “Entidad de ámbito territorial al Municipio” actual además de antigua, es inapropiada, inexacta y casi despectiva e incluso demasiado larga. Por tanto en este texto, en adelante, se utilizara para referirnos a este tipo de Entidad, como: ENTIDAD LOCAL AUTONOMA (ELA)

B).-Se debe dejar en el texto, la redacción aun vigente del art 3º la Ley 7/85, en relación a que continue gozando de la condición de Entidad Local, a las ELA. En el borrador ultimo se excluye a la ELA, de esta Condición.

C).-Se debe introducir en el texto, el termino Entidad Local, o ELA para referirse a la asistencia económica, jurídica y Tecnica que se debe prestar desde las Diputaciones, y no solo poner Aytos o Municipios, de esta forma no se excluyen de estas ayudas a las ELAs.

D).-Sobre la evaluación de los servicios a prestar, se debe introducir lo siguiente en el texto:


Dicha evaluación que será realizada con criterios muy objetivos, y basados en la realidad local, de cada zona concreta, dara lugar a un periodo de adaptación de la ELA de cinco años, y transcurridos los mismos, se revisara la primera evaluación para comprobar si ha sido posible la adecuación de la prestación de los servicios, en base a los parámetros estandarizados. Del resultado obtenido se actuara en consecuencia.
E).-CAPITULO I,  LAS COMPETENCIAS BASICAS DE LAS ELATIM

Las Competencias Básicas de las ENTIDADES LOCALES DE AMBITO TERRITORIAL AL MUNICIPIO, como mínimo serán las siguientes:

  1. Licencias de Obras, apertura y otras autorizaciones administrativas de igual rango.
  2. Alumbrado Publico
  3. Conservación y reparación de vías urbanas y caminos rurales.
  4. Ferias y Fiestas locales.
  5. Cementerio
  6. Servicio de suministro de agua potable en baja, Alcantarillado y recogida de residuos sólidos urbanos aunque podrán ser realizados por sistemas Supralocales.
  7. Abastos.
  8. Servicios sociales solo en su aspecto más básico.
  9. Propuesta del planeamiento dentro del ámbito territorial propio.
  10. Titularidad de todos los bienes muebles e inmuebles de su ámbito, incluyendo la masa común.

Estas competencias si en algunas de las Entidades Preexistentes a la entrada en vigor de la Ley, no pudieran ser asumidas en su totalidad, se realizaran de forma gradual, pero se debe garantizar que las competencias nominadas con las letras a), b), c),d) y f) sean prestadas de forma inmediata por las ELATIM. Para ello la Diputación Provincial o en su caso la Comunidad Autónoma, debe ayudar con sus servicios técnicos, jurídicos y económicos a que ello sea posible en un plazo no superior a tres años, pudiéndose motivadamente prorrogar otros dos años más.

Igualmente si a  la entrada en vigor de esta Ley, hubiera ELATIM, que tuviesen más recursos o competencias que los contemplados en esta Ley los mantendrán.
Mantendrán las mismas potestades públicas que el resto de Municipios, siendo responsables directos sin ratificaciones posteriores de las expropiaciones forzosas, las enajenaciones de bienes, y las operaciones de crédito.

F).-CAPITULO II, LOS RECURSOS FINANCIEROS

Los recursos propios de las ENTIDADES LOCALES AUTONOMAS, como mínimo serán los siguientes:

  1. Tasas
  2. Precios públicos.
  3. Contribuciones especiales
  4. Ingresos de derecho privado
  5. Multas
  6. Producto de Subvenciones.
  7. Ingresos provenientes de su patrimonio.
  8. Por la participación directa en los impuestos del Municipio, en función del coeficiente poblacional y extensión Territorial de la ELA.
  9. Por la participación directa  en los Impuestos del Estado (PIE), con los criterios que se establezcan.
  10. Por la participación directa en los tributos de la Comunidad Autónoma. (PATRICA) con los criterios que se establezcan.

Aquellas ELA, que ostenten todas y cada una de las competencias propias, establecidas en el Capítulo I, tendrán este sistema de financiación, las que durante el periodo transitorio asuman menos de las básicas, no podrán obtener recursos provenientes del apartado j) de esta Ley.

Los Municipios, las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, consignaran en sus Presupuestos anuales, las cuantías económicas que se deriven de los apartados h), i) j) de este capítulo para nutrir al presupuesto de estas. La AGE,  y de las CCAA a través de los mecanismos adecuados en el caso del apartado h), garantizaran que el Municipio transfiera a la ELA, las cuantías que le pertenezcan, con la revocación de los acuerdos de aprobación de los Presupuestos Municipales que no contemplen partida alguna para la ELA, o esta no sea la adecuada, e incluso detraigan los fondos incondicionados, y se los transfieran a la ELA. 


En aquellos Territorios que las ELA, sean tantas que todas ellas juntas conformen el Municipio, dicho reparto se hará en base a la regla anterior pero detrayendo de cada una, la parte de aportación a los servicios comunes  que se ingresaran en la cabecera o Capitalidad del Municipio.



G).-CAPITULO III. PERSONAL DE LA ELA

Secretaria Intervención.
Este puesto reservado a funcionarios de habilitados de carácter Estatal, por su peculiaridad, puede proveerse de la siguiente forma:

  1. El ayuntamiento del Municipio, al que pertenezca la ELA, podrá proponer a la Consejería competente sobre Régimen Local la creación en su plantilla de plaza o plazas  de personal funcionario de administración local con habilitación de carácter Estatal. También podrá solicitarse la agrupación con otras con otras Entidades para el sostenimiento en común en dichas plazas. En otro caso, las funciones de Secretaria y de Intervención corresponderán al titular o titulares del Ayuntamiento respectivo. No obstante la tesorería podrá ser conferida a un miembro de la Junta Vecinal o a una persona funcionaria de la propia Entidad.

  2. El Secretario Municipal tiene la obligación de asistir a las sesiones entre otras funciones de la Junta Vecinal de dichas Entidades, el incumplimiento de esa obligación podría dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria por un hecho que, incluso, podría entenderse subsumido en el supuesto infractor previsto en el articulo 95 c) de la Ley 7/2007, de 12 de Abril del Estatuto Básico del empleado público, en que se considera falta muy grave no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.

    H).-CAPITULO IV. DE LAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LAS ELA

Las remuneraciones de los miembros de las ELAS, serán las establecidas por las leyes para el resto de las Corporaciones Locales. Debiendo tenerse en cuenta que la dedicación exclusiva conllevara obligatoriamente unas retribuciones fijas brutas, y el alta en la seguridad social. No debiendo sobrepasar el salario el tope máximo de lo establecido para un funcionario de Administración local del grupo A, o bien por el funcionario o empleado público de mayor rango que preste servicios en esa Entidad.

I).-Disposición adicional séptima. Servicios mínimos prestados por mancomunidades y entidades de ámbito territorial inferior al Municipio.

1. En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley, los servicios mínimos prestados por las mancomunidades serán sometidos a evaluación conforme a los criterios que se fijan en la disposición anterior y en el artículo 26. 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
2. Cuando de la evaluación resulte la inadecuación de su prestación en el ámbito de la mancomunidad, corresponderá a las Diputaciones, Cabildos o Consejos Insulares la prestación de los referidos servicios; el Municipio que formara parte de la mancomunidad en ese momento dejará de pertenecer a ella.
3. En lo relativo al traspaso de recursos humanos y materiales, y a la forma de gestión, regirá lo dispuesto en el artículo 26. 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.26
4. Lo dispuesto en esta disposición será de aplicación a las entidades de ámbito Territorial al Municipio.

J).-Disposición transitoria tercera. Disolución Sanción de entidades de ámbito territorial inferior al Municipio.

Las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio existentes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley que no presenten sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva, se disolverán sancionaran por Decreto del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva.

La disolución conllevará:

a. Que el personal que estuviera al servicio de la entidad disuelta quedará incorporado en el Ayuntamiento en cuyo ámbito territorial esté integrada.

b. Que el Ayuntamiento del que dependa la entidad de ámbito territorial inferior al municipio queda subrogado en todos sus derechos y obligaciones.


K).-RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (PENDIENTE DE REDACCIÓN)
En el caso de que se produzca este reconocimiento debería de hacerse lo mismo, CON LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES LOCALES MENORES (FEEM), o viceversa.

L).-REITERAMOS QUE LA DENOMINACIÓN DE LAS ENTIDADES DE AMBITO TERRITORIAL AL MUNICIPIO, PASEN A DENOMINARSE ENTIDADES LOCALES AUTONOMAS.



MADRID A 22-2-2013.

EL SECRETARIO GENERAL de FEEM, Federación Española de Entidades Locales Menores

FDO. MIGUEL GREGORIO MARTINEZ.

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Con el Presidente de la Diputación de Burgos

Miembros de la Federación Independiente de Entidades Locales Menores, que aglutina los intereses de las pedanías, han acudido hoy a Diputación de Burgos donde han sido recibidos por su presidente, Cesar Rico, al que han transmitido sus preocupaciones por la nueva Ley de Ordenación del Territorio que se aprobará y que podría posibilitar la desaparición de estas Entidades Locales Menores. Tras la reunión con el presidente de la Diputación, los representantes de la Federación se han reunido con José María Jiménez, para transmitirle sus preocupaciones.

El portavoz de la asociación, Juan Carlos Díaz, alcalde pedáneo de la Junta Vecinal de Virtus, apuntaba que en Burgos son 170 las Juntas que en la actualidad son miembros de la Federación. En la reunión, han tratado distintos aspectos de la reforma que la Junta de Castilla y León está planteando en el modelo territorial así como problemas propios de Diputación como son la exclusión de Planes Provinciales  a los que ya no podrán acudir las Juntas Vecinales y les imposibilitará ejecutar algunos de los servicios básicos de las juntas, la no cobertura por parte de los secretarios municipales y la financiación, que por Ley, deberían dar los Ayuntamientos a las Juntas, situación que no se produce. Desde la Federación Independiente de Entidades Locales Menores, se pide una mayor implicación y apoyo de la Diputación a las Juntas Vecinales, por ser la manera de dotar de contenido a las Juntas además de posibilitar la fijación de población en una provincia como Burgos en la que el riesgo de desaparición de estas Juntas Vecinales es grande.

Juan Carlos Díez recordaba que las Juntas Vecinales “nunca han tenido voz” ya que al estar integradas en los ayuntamientos correspondientes, nunca se las ha escuchado y aunque  con la asociación se han abierto puertas, quieren ser reivindicativos con los problemas que hasta la fecha, ni Junta ni Diputación han resuelto, para que estas entidades sigan funcionando.

El temor de la Federación Independiente de Entidades Locales Menores es que muchas de estas desaparecerán, ya que no hay un apoyo fuerte por parte de los municipios y de administraciones como Junta o Diputación, que aunque “dicen que apoyan”, la realidad es muy distinta y parece que no son partidarios de que estas entidades subsistan. La Federación estima que muchas de las 650 Entidades Locales Menores desaparecerán a pesar de que “no generamos costes porque gestionamos nuestro patrimonio, no tenemos ayudas externas y no tenemos deudas”.

La iniciativa de crear esta federación, surgió ante la necesidad de crear una plataforma que evitara la desaparición de esta figura, ya que el Gobierno decidió que había que suprimir las más de 3.500 Entidades Locales Menores que hay en España, de las que 650 se encuentran en Burgos, por la sobredimensión de la administración municipal, y porque “nadie se queja”, aunque se han encontrado con que no ha sido así, como comentaba Juan Carlos Díaz.

Se espera que la Ley esté aprobada en unos cinco meses y será en ese momento, cuando las Juntas Administrativas deberán tener su contabilidad “al día” con los requisitos que se exijan o desaparecerán. Habrá que estar a la espera de cómo aplicará la Junta de Castilla y León la nueva Ley.

En la reunión han estado presentes los alcaldes pedaneos de las Juntas Vecinales de  Virtus, en el Valle de Vadebezana,  Juan Carlos Díaz,  La Linares de la Vid, Alberto Iglesias, La Prada en el Valle de Tobalina, Juan Manuel Uría  y Lodoso, Oscar Alonso.

Oscar Alonso calificaba la reunión como “satisfactoria”, con buenas palabras, a la espera de las posibles modificaciones de la Ley y con el apoyo mostrado por el presidente de la Diputación en cuanto a la supervivencia de las Entidades Locales Menores.

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Frenando la reforma (la FEMP)

Los alcaldes exigen más remuneración y frenan la reforma de la administración local

La FEMP propone homologar los sueldos de los regidores a los de los secretarios de Estado, que cobran más que los ministros, siguiendo el modelo de la Comunidad de Madrid. También siguen oponiéndose al recorte en el número de concejales. Fracasó la intención de Gobierno de llevar la reforma de la Administración Local al Consejo de Ministros del pasado viernes. Se trata del tercer retraso.
artículo de Cristina de la Hoz en vozpopuli.com
La reforma local ha vuelto a embarrancar por falta de acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP, organización que ha bloquedado el enésimo intento de sacar adelante un cambio que lleva camino de eternizarse. El penúltimo choque viene a cuenta, de nuevo, del recorte en el número de concejales así como del baremo para calcular el sueldo de los alcaldes, los dos auténticos caballos de batalla. Y es que la FEMP no está de acuerdo con el criterio de equiparar la remuneración de los alcaldes de las grandes ciudades con el de los ministros dado que prefiere equipararlo al de los secretarios de Estado, con pagas extrarodinarias y complementos, lo que eleva considerablemente la cuantía. Si un ministro tiene una remuneración de en torno a los 69.000 euros anuales, un secretario de Estado supera esa cantidad. De hecho, muchos ex ministros que antes fueron secretarios de Estado eligen, una vez fuera del Gobierno, la pensión indemnizatoria como secretarios de Estado.
La petición de la FEMP se sustenta en el modelo que se sigue en la Comunidad de Madrid por Ley del año 2000, que homologa el sueldo del presidente regional al de secretario de Estado. La remuneración del resto de los miembros del Gobierno autonómico se calcula, a la baja, a partir de ese salario. Un vicepresidente gana un 4 por ciento menos, un consejero un 8 por ciento menos, un viceconsejero un 12 por ciento menos, y los secretarios generales técnicos, directores generales  y gerentes de organismos autónomos, un 16 por 100 menos que un presidente. Del mismo modo, los alcaldes verían reducido su salario en función de la población de sus municipios hasta un mínimo a partir del cual ya no cobrarían y que está por determinar.
¿Y cuánto ingresa un secretario de Estado o, lo que es lo mismo, la persona que preside la Comunidad de Madrid? Pues la ex presidenta regional, Esperanza Aguirre, dio a conocer públicamente en 2011 su sueldo, que alcanzaba entonces los 108.000 euros anuales, a los que se sumaba una partida de 13.000 euros más por homologación con los secretarios de Estado, lo que no difiere mucho de lo que ya gana el alcalde de Barcelona, Xavier Trías, (de casi 110.000 euros). Algo menos ingresa la regidora madrileña, Ana Botella, con tan “solo” 94 euros, el Juan Alberto Belloch, en Zaragoza, 91.000. Ellos tres, además de los alcaldes de Bilbao, Valladolid, Valencia, San Sebastián y Vitoria cobran más que el presidente del Gobierno. Lo cierto es que Aguirre debía incluir en su sueldo base algún tipo de trienio porque un secretario de Estado tiene de salario base bruto poco más de 71.000 euros, frente a los 69.000 de un ministro, pero en su caso redondea el sueldo con complementos de productividad y otro tipo de pluses.
En cuanto a la reducción en el número de concejales, la FEMP a resiste a tocar a cifra actual de 68.578 por entender que la gran mayoría no recibe ni un céntimo de salario. La propuesta inicial de Hacienda de rebajar un 30 por ciento, esto es, 21.338 menos que ahora, fue matizada más tarde en uno 15.000, pero la Federación de Municipios y Provincias no parece tampoco aceptar ese recorte. El ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se reunió el pasado jueves con el presidente de la FEMP, Iñigo de la Serna, pero aún así no se consiguió un acuerdo que hiciera posible que la reforma pasara por la mesa del Consejo de Ministros el día 25, tal y como era la intención del Gobierno. Se trata del terce retraso que sufre la reforma. Se quiso tener finalizada en julio del año pasado. Después en diciembre y ahora ha sufrido un nuevo revés.
Lo cierto es que Administraciones Públicas no ha conseguido pactar la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ni con el PSOE, ni, tampoco, con el PP, presidida por un popular que no ha tenido dificultades en oponerse a los planes del Gobierno.
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Algunas propuestas razonables

Publicado por el catedrático y eurodiputado Francisco Sosa Wagner  el pasado 16 de Enero en el blog de espublico
Gotean las noticias estos primeros días del año sobre la reforma de la legislación local. Como acabamos de salir de la fiesta de Nochevieja, me atrevo a proponer las siguientes doce uvas:
 1. Supresión de Ayuntamientos.Se trata de una operación que debe hacerse en cada Comunidad autónoma pues las fórmulas pueden ser muy variadas y han de atender a las peculiaridades de cada territorio. Mecanismos a aplicar, entre otros: la fusión voluntaria contemplada en las normas vigentes o la obligatoria impuesta a través de una ley de la Comunidad autónoma.
 2. Mancomunidades. Se dice ahora que se van a suprimir todas de la misma forma que se dijo ayer que se haría lo mismo con las entidades locales menores y las juntas vecinales. Algunos alertamos del disparate y parece que se ha olvidado. Ahora se aplica el mismo criterio a las mancomunidades. Aparte de la posible inconstitucionalidad de la medida, procede analizar caso por caso pues hay muchas mancomunidades que están perfectamente justificadas.
3. Diputaciones provinciales. Como gozan de la protección constitucional procedería pensar en convertirlas en la Administración indirecta de las Comunidades autónomas, lo que permitiría suprimir muchos servicios periferícos donde anidan tantas duplicidades (de las que todo el mundo habla).
 4. Competencias de los Ayuntamientos. Su reordenación ha de partir de la distribución constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas que ha de ser respetada mientras no se cambie la Constitución.
5. Competencias impropias. Jamás se deben aceptar ni ejercer si no van acompañadas de la adecuada cobertura financiera que ha de garantizar el Estado o la Comunidad autónoma. Aunque “vistan mucho” y procuren momentáneamente votos.
6. Elección de los alcaldes. Cuando no hay mayorías absolutas hay que ir a la segunda vuelta para que sean los ciudadanos quienes decidan, no los jefes locales de las organizaciones políticas.
7. Financiación. Obvia es la necesaria reforma de las haciendas locales, que ya debió hacerse al hilo de la que afectó a la financiación autonómica. No se hizo por razones de complacencia política y ahora se están pagando las consecuencias.
8. Reducción de sueldos de alcaldes. Un tema estrella para la prensa que reviste interés relativo. Deben corregirse las situaciones llamativas con algún criterio objetivo pero debe tenerse en cuenta que la mayoría de los alcaldes cobran mesuradamente y que muchos ni siquiera cobran. Persecución de la corrupción y alejamiento del cargo a quienes se encuentren “procesados” (no meramente imputados). Refuerzo de las atribuciones y los medios de los Tribunales de Cuentas, estatal y autonómicos.
9. Servicios. Volver a la utilización prudente -no desparramada- de las fórmulas contempladas en la ley vigente atendiendo a las novedades que impone el derecho europeo.
10. Funcionarios de habilitación nacional. Todo está dicho sobre ellos: oposiciones públicas, tribunales compuestos por especialistas y funciones para cuyo ejercicio se asegure la independencia. Fin de la broma de las “libres designaciones”. Y lo mismo vale, en términos generales, para el resto de funcionarios.
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