Los alcaldes no quieren reformar sus Ayuntamientos

Fuente: Escribe Floreal Moltó en ciudaddealcoy.com

Los alcaldes que gobiernan los ayuntamientos españoles, mayoritariamente formados por regidores populares o socialistas, han impedido que el gobierno que preside Mariano Rajoy introduzca reformas en la Ley de Administración Local. El borrador de la futura ley planteaba la obligación de fusionar numerosos ayuntamientos y entre otras medidas reducía el número de concejales en un 30% a través de unos cambios en la Ley Electoral y además les fijaba el sueldo.

El borrador de esta ley provocó una conmoción en numerosos municipios así es que el presidente Rajoy se comprometió a principios de este mes con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el popular Íñigo de la Serna, a modificar el contenido del anteproyecto. La única reforma impulsada por el PP desde que alcanzó el gobierno por mayoría absoluta que habría sido muy bien recibida por la práctica totalidad de los ciudadanos españoles seguramente no será aplicada. Los recortes pretendían reducir el número de ayuntamientos teniendo en cuenta que en España hay 8.116 municipios, según datos que se publicaron con el anuncio del plan.

La cantidad se desglosa en 1.070 ayuntamientos que tienen menos de 101 habitantes; 1.554 censan de 101 a 500 habitantes; 2.231 de 501 a 1.000 habitantes; 936 de 1.001 a 2.000 habitantes; 1.005 de 2.001 a 5.000 habitantes; 561 de 5.001 a 10.000 habitantes; 361 de 10.001 a 20.000 habitantes; 253 de 20.001 a 50.000 habitantes; 82 de 50.001 a 100.000 habitantes; 57 de 100.001 a 500.000 habitantes y 6 municipios de más de 500.000 habitantes.

La concentración de municipios para reducir su número, sobre todo aquellos tan pequeños que apenas pueden sobrevivir por ellos mismos, era una buena decisión política del gobierno de Mariano Rajoy, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de disparates que están proponiendo algunos de sus ministros y que tantas protestas, además de dos huelgas generales en menos de un año, están provocando entre la ciudadanía española. Pero se entiende muy bien el amago de rebelión de los alcaldes, sobre todo los populares y socialistas que son mayoría en todo el estado español, ya que la reducción del número de municipios y del número de concejales les restaba poder y puestos de trabajo o de dedicación absoluta. Si encima les controlaba (rebajaba) el sueldo pues está explicado el rechazo.

En realidad el gobierno del PP trataba de hacer, por una sola vez y sin que sirva de precedente, lo que está pidiendo la ciudadanía a gritos, o sea que si estamos en crisis que haya rebajas de sueldo y reducciones de plantillas para los políticos, no sólo para funcionarios y empleados. Pero es que, además, la medida tendría una lógica aplastante. ¿Cómo es posible que haya en este país más de un millar de ayuntamientos con un censo inferior a los cien vecinos? O 1.554 pueblos entre cien y quinientos habitantes? Cuánto dinero cuesta esto a los contribuyentes?. Concentrados, unidos con los municipios vecinos, todos se desenvolverían mejor. Por ejemplo aquí, en la llamada Montaña Alicantina, carece de sentido que no se agrupen pueblos tan pequeños que apenas tienen unos pocos cientos de habitantes y conste que me dolería que mi amigo Jaume Pascual perdiera la alcaldía de L’Alquería que ostenta desde el siglo pasado (1979) al incorporarse su pueblo como nuevo barrio de Cocentaina o Muro.

El borrador del gobierno del PP era extraordinariamente positivo para la economía nacional pero no se llevará a efecto porque los dirigentes de la FEMP y sus alcaldes quieren tanto a sus conciudadanos que prefieren ser cabeza de ratón antes que cola de león. El elevado número de concejales en los municipios con sus nóminas, y en las diputaciones, parlamentos autonómicos y nacionales son mal vistos por una ciudadanía que cada vez se siente más acosada por el debilitamiento de su economía pero ellos, instalados en su mayoría absoluta, dicen que gobiernan en beneficio del pueblo. Ya no engañan ni a los niños de pecho…

Casi es un sarcasmo que cuando el gobierno del PP trataba de tomar una decisión política acertada, sean los mismos políticos quienes la aborten.

(Floreal Moltó es periodista jubilado)


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