Los concejos exigen a la Diputación que no les vacíe de competencias

Los concejos alaveses celebrarán mañana una asamblea en su sede de Elorriaga, de la que previsiblemente saldrá un acuerdo para pedir a la Diputación que no presente la Norma Foral de Financiación de las Entidades Locales. Ese proyecto se podría entregar a lo largo de este mes en las Juntas, según explicó Javier Argote, el presidente de la Asociación de Concejos de Alava, Acoa. «Es un ataque directo a la administración concejil porque plantea un cambio competencial que nadie ha solicitado» y que además, dejará vacíos de contenido a los concejos. El documento propone la cesión de las competencias de suministro de agua, saneamiento y tratamiento y depuración de aguas residuales y alumbrado público de los concejos a los ayuntamientos, con lo que las entidades locales menores asumirían solo los centros sociales y los cementerios. 

En opinión de las entidades afectadas «se trata de tareas que vienen haciendo los concejos de forma voluntaria y sin compensación económica y no se va a hacer por ninguna otra administración». El cambio legislativo tampoco «garantiza que el servicio se vaya a realizar en mejores condiciones». En su opinión las modificaciones obedecen al «afán de control político, porque no soportan que sean los propios vecinos quienes gestionen sus recursos, sus servicios y su administración más cercana». 

De hecho, los concejos esperan la comparecencia de Eudel, la asociación de municipios vascos, en las Juntas Generales alavesas y ya han presentado sus aportaciones a la Norma Foral que pretende presentar la Diputación. «Lo que nosotros queremos es que los ayuntamientos y concejos participen en el Fondo Foral de Financiación Local, porque son los que tienen las competencias. Las cuadrillas, consorcios y hermandades no tienen competencias propias, sino que en muchos casos, son administradores de servicios», explicó Argote. 

Prestación del servicio 

También han reclamado que cambie la distribución de los fondos que se reparten a través de esta vía. «Queremos que se pague a quien tiene la competencia y no a quien presta el servicio, así que apostamos por repartir al 50% entre concejos y ayuntamientos». En el cálculo de la financiación, habría que incorporar además «la administración y el mantenimiento del monte», precisó.
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